¿Es necesaria la certificación de las empresas del gremio?
Una de las claves para acabar con el instrusismo profesional y para diginificar la profesión es la certificación de las empresas especializadas conforme una norma referencial.
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Copsa se incorpora como nuevo asociado de ARPHO
Se trata de la empresa COPSA, Comercial de Preresa, S.A. afincada en Madrid y proveedora para el gremio de la reparación, refuerzo y protección del hormigón.
Los autónomos ya pueden solicitar la TPC
Los trabajadores autónomos del gremio podrán solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
CONSTRUCTEC 2010
Construtec 2010 el salón de la construcción de Madrid, se celebrará en las instalaciones del recinto ferial de IFEMA entre los próximos días 5 al 8 de octubre.
ARPHO ya es marca registrada
ARPHO es una marca registrada legalmente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM.
Foro sobre reparación, refuerzo y protección del hormigón
ARPHO celebra el próximo 1 de diciembre en Madrid el primer foro sobre reparación, refuerzo y protección del hormigón.
ARPHO estará presente en SMOPYC 2011
La asociación ha firmado un acuerdo con la organización de la feria y participará en la feria de maquinaria para obras públicas, construcción y minería más importante a nivel nacional.
Promocione los trabajos de reparación, refuerzo y protección del hormigón
Tan importante como conocer las novedades del sector es dar a conocer los trabajos relacionados con la reparación, refuerzo y protección del hormigón.
Acuerdos con grupos editoriales
La información sobre el sector en general es una herramienta clave en el desarrollo de la actividad empresarial. Los medios especializados ofrecen gran información del sector. A través de publicaciones técnicas, las empresas reciben datos sobre la actualidad de la construcción y conocen las novedades e innovaciones más recientes. Por ello, ARPHO trabaja para ofrecer […]
Ley de morosidad ya es una realidad
Hoy 6 de julio de 2010 se publica en el Boletín Oficial del Estado, BOE, la ley contra la morosidad. Una ley que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta 2013.
